La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas participó en el XXIII Encuentro REDDU celebrado en la BUAP, donde fue aprobada por votación unánime la Declaración de Derechos Universitarios
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) formalizó su adhesión a la Declaración de Derechos Universitarios, documento aprobado de manera unánime por los 34 miembros de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Humanos Universitarios (REDDU) durante el XXIII Encuentro del organismo, celebrado en la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla (BUAP), en el marco de la XXX Asamblea General Ordinaria. La Declaración tiene como propósito que las instituciones de educación superior del país, tanto públicas como privadas, adopten un modelo compartido de defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos para todos los integrantes de sus comunidades, con especial énfasis en el estudiantado.
La representación de la UMSNH en este encuentro estuvo a cargo de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, encabezada por Christian Bocanegra Díaz, instancia que en los últimos años ha consolidado su presencia institucional en los espacios nacionales de articulación en materia de derechos universitarios. La adhesión de la Michoacana a este instrumento refuerza su compromiso con la construcción de entornos educativos seguros, libres de violencia y discriminación.

La Declaración de Derechos Universitarios no es un documento elaborado de manera unilateral, sino el resultado de un proceso colectivo de redacción, revisión y corrección en el que participaron los titulares de las defensorías de algunas de las instituciones de educación superior más relevantes del país.
La comisión encargada de su elaboración fue liderada por José de Jesús Guzmán Morales, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, e integrada por representantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y la Universidad Iberoamericana Puebla: Andrea Fellner-Grassmann, Luisa Alicia Sánchez Vidal, Guadalupe Barrena Nájera, Diego García Ricci y Galilea Cariño, respectivamente.

A estos se sumaron los titulares de las defensorías de las universidades autónomas de Guanajuato, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México y Puebla: María Corazón Camacho Amador, Carlos Barboza Castillo, Carmen Elena Arroyo Rodríguez, Liz Aguilera García, Olivia Salazar Flores, Gerardo Martínez Gómez y Omar Gerardo Aguirre Ibarra. La participación de instituciones de diverso perfil —públicas, privadas, tecnológicas y de humanidades— refleja el alcance y la legitimidad que la REDDU buscó imprimirle al documento desde su origen.
De acuerdo con la información difundida por la propia REDDU, el punto de partida de la Declaración de Derechos Universitarios es el reconocimiento de la dignidad de todas las personas que integran las instituciones de educación superior. Desde la perspectiva del organismo, dicho reconocimiento resulta «indispensable para la construcción de la paz, el respeto a la tolerancia y la consolidación de la justicia».
El documento parte de la premisa de que las universidades y los institutos de educación superior son, por definición, espacios de formación integral, pensamiento crítico y construcción de una sociedad más justa e incluyente. En ese sentido, la Declaración no se limita a enunciar derechos abstractos, sino que los enmarca en la realidad cotidiana de comunidades universitarias caracterizadas por su diversidad de trayectorias, identidades, expresiones y culturas.

Para la REDDU, esta diversidad no solo debe respetarse y visibilizarse: debe celebrarse y considerarse una fortaleza institucional. Bajo esa lógica, el ejercicio pleno de los Derechos Humanos se plantea como un elemento irremplazable para garantizar que los entornos educativos sean seguros y libres de cualquier forma de violencia o discriminación. La votación unánime con que fue aprobada la Declaración durante el encuentro en Puebla evidencia el consenso alcanzado entre las instituciones miembro de la Red.
La UMSNH y su trayectoria en derechos universitarios
La adhesión de la UMSNH a la Declaración de Derechos Universitarios se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos. Durante la actual gestión encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, las áreas de la casa de estudios dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de la comunidad nicolaita han registrado una actividad sostenida, tanto en el ámbito interno como en los espacios de articulación nacional.
La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas es la instancia que centraliza estas funciones dentro de la institución. Su participación en el XXIII Encuentro REDDU y en el proceso de aprobación de la Declaración coloca a la UMSNH en el mapa de las universidades del país que asumen la protección de los derechos universitarios como una política activa y no como una respuesta reactiva ante situaciones específicas.
La REDDU, por su parte, es un organismo de alcance nacional que agrupa a los defensores universitarios de 34 instituciones de educación superior de México. Su función es articular criterios, mecanismos y herramientas comunes que permitan a cada institución miembro fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones que afecten los derechos de sus comunidades. La Declaración de Derechos Universitarios representa, en ese contexto, uno de los instrumentos más ambiciosos impulsados por la Red desde su creación.
La aprobación de la Declaración de Derechos Universitarios ocurre en un momento en que las instituciones de educación superior enfrentan desafíos complejos en materia de convivencia, seguridad y respeto a la diversidad. Fenómenos como el acoso, la discriminación, la violencia de género y las brechas de acceso siguen siendo problemáticas presentes en distintos espacios universitarios del país, lo que hace necesaria la existencia de instrumentos normativos que orienten la acción de las defensorías institucionales.

En ese sentido, la Declaración no pretende sustituir los marcos jurídicos existentes, sino complementarlos con un lenguaje común que permita a las instituciones miembro de la REDDU operar con criterios compartidos. La adhesión de la UMSNH a este instrumento implica, en la práctica, que la Defensoría Nicolaita alinea su actuación con los principios y derechos proclamados en el documento, lo que puede traducirse en mejoras en los protocolos de atención, los mecanismos de denuncia y las políticas de prevención.
Con su participación en el XXIII Encuentro REDDU y su incorporación formal a la Declaración de Derechos Universitarios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reafirma su posicionamiento como una institución comprometida con los derechos humanos de su comunidad, en un contexto nacional en que la articulación entre universidades resulta cada vez más necesaria para dar respuestas efectivas a los retos de la convivencia universitaria.













