La Universidad Michoacana vive un conflicto inédito. Se disputa quién elige a la Rectoría y con qué reglas. El problema no es de preferencias políticas. Es de validez constitucional.
Ernesto Villanueva /Proceso
La Universidad Michoacana vive un conflicto inédito. No se disputan plazas ni presupuesto. Se disputa quién elige a la Rectoría y con qué reglas. El 3 de noviembre, el Congreso de Michoacán aprobó, por 32 votos, una reforma a la Ley Orgánica que aplaza hasta 2031 la elección democrática prevista en la Constitución local y entrega la designación a una Comisión de ocho integrantes, cinco de ellos exrectores. El problema no es de preferencias políticas. Es de validez constitucional. Y cabe en una pregunta: ¿puede una ley ordinaria suspender un mandato constitucional vigente? Declaro que la UMSNH me otorgó recientemente el doctorado honoris causa; escribo por el problema jurídico, no por gratitud.
Análisis, contexto y hechos.
Primero. La respuesta es no, por tres razones. La primera está en el artículo 143 de la Constitución de Michoacán, reformado en enero de 2025. Ordena que la elección rectoral se realice «de forma democrática», con participación de los órganos de gobierno y de los tres sectores en activo: estudiantes, docentes y personal administrativo. No es una aspiración. Es una regla que vincula a todas las autoridades, incluido el Congreso que la aprobó. No exige literalmente voto directo, pero sí participación con efecto decisorio. Participar es incidir en el resultado; de otro modo, la norma sería inútil y el constituyente local habría reformado el artículo para nada.
La Ley Orgánica de marzo de 2025 desarrolló ese mandato. El propio Congreso celebró entonces que la Rectoría se elegiría mediante voto libre y secreto de la comunidad. En la consulta universitaria de febrero participaron 26,363 personas; 93.1% apoyó reformar la ley. Nadie puede inferir de ahí un cheque en blanco para cada artículo, pero el rumbo era inequívoco: abrir el gobierno universitario. Lo que el Congreso celebró en marzo lo canceló en noviembre.
La reforma de noviembre revierte ese rumbo mediante artículos transitorios. Ahí está la primera trampa. Un transitorio no es una zona franca constitucional: debe ser tan válido como la norma permanente. El sexto transitorio obliga a «garantizar la participación» de la comunidad, pero reserva la decisión final a los comisionados. Una consulta cuyo resultado no vincula a nadie no es participación: es ceremonia. Y una ceremonia no cumple un mandato constitucional. Tampoco lo cumple el calendario: suspender el modelo durante un periodo completo, 2027-2031, no es «transitar» hacia él, es sustituirlo por cuatro años.
Hay un segundo vicio, de procedimiento. El artículo 3.º, fracción VII, de la Constitución federal fija un límite material: la ley orgánica puede organizar el autogobierno, no vaciarlo. Y el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior exige consulta previa, libre e informada a la comunidad y a sus órganos, con respuesta expresa del máximo órgano colegiado, antes de reformar una ley orgánica. Las firmas de una iniciativa ciudadana acreditan apoyo social; no sustituyen ese procedimiento. Omitirlo vicia la reforma desde su origen.
Segundo. La tercera razón está en el artículo 1.º de la Constitución federal. Participar en el gobierno de la propia universidad es ejercicio de un derecho: el de participación, reconocido en el artículo 35 constitucional y en el artículo 23 de la Convención Americana, y la autonomía universitaria como garantía de la libertad académica. Por eso rigen aquí el principio pro persona, la interpretación conforme y la progresividad. Entre dos lecturas posibles, debe preferirse la que haga efectiva la participación, no la que la vacíe.
Pero la interpretación conforme tiene un límite: no puede atribuir a la ley un sentido opuesto a su texto. Si la reforma faculta en exclusiva a ocho personas para nombrar a la Rectoría, ninguna frase sobre «participación» la convierte en elección comunitaria. Cuando la lectura conforme es imposible, lo que procede es la invalidez. El principio pro persona no inventa un sufragio rectoral universal; protege la participación que ya está reconocida.
Se dirá que el Consejo Universitario reglamentó tarde el proceso: el reglamento se publicó el 2 de noviembre. Es cierto, y esa demora debe explicarse. Pero un reglamento tardío es un defecto de ejecución, y un defecto de ejecución no autoriza a cambiar la norma que se ejecuta. La omisión de una norma inferior nunca suspende la eficacia de la superior. Para una tardanza existen remedios proporcionales: exhortos, plazos perentorios, responsabilidades administrativas, amparo por omisión. Todos corrigen la conducta y preservan el derecho. La reforma hace lo contrario: deja intacta la conducta y suprime el derecho.
Y hay un dato que lo cambia todo. El reglamento se publicó el 2 de noviembre; el Congreso votó el 3. Cuando los diputados aprobaron la reforma, la omisión que la motivaba ya no existía. La progresividad exige que toda regresión en un derecho tenga justificación reforzada; «certeza jurídica» es una etiqueta, no una prueba. Una restricción fundada en un hecho que cesó antes del voto carece de fin legítimo. En sede constitucional, eso tiene un nombre: arbitrariedad legislativa.
Tercero. La contradicción política es difícil de disimular. La iniciativa fue formalmente ciudadana y la votaron Morena, PT, PVEM y PAN. Pero en un Congreso local donde Morena tiene mayoría calificada, nada se aprueba sin su decisión. Eso no exime de responsabilidad a quienes se reclaman de la Cuarta Transformación: la tienen, y de primera mano. El artículo 96 de la Constitución federal instauró el voto libre, directo y secreto para elegir a las personas juzgadoras; Michoacán replicó ese principio en el artículo 69 de su Constitución. Si votar legitima a quien imparte justicia, se necesita una razón de peso para negarlo a quien enseña y estudia. La democracia no puede ser exigencia impostergable en un poder e inconveniencia administrativa en otro.
Hay, además, indicios de una ley con destinatario. No reúne los requisitos estrictos de la ley privativa que prohíbe el artículo 13 constitucional, pero tres datos revelan su motivación. En tribuna, el diputado Baltazar Gaona acusó a la rectora Yarabí Ávila de «traicionar» a la Universidad y al Congreso. La suspensión del modelo se calcula sobre un solo periodo, 2027-2031, exactamente el que sigue al mandato en curso. Y la decisión se entrega a exrectores, no a la comunidad. Una ley general no necesita adversarios con nombre. Conviene decirlo: la rectora y quienes integran el Consejo Universitario han mostrado entereza, probidad y lealtad institucional frente a la presión. Si hay responsabilidades, existen vías para exigirlas. El insulto no es una de ellas.
Las preguntas se acumulan. ¿Por qué cuatro años y no un plazo perentorio? ¿Por qué exrectores y no la comunidad? ¿Por qué omitir la consulta que exige la ley? ¿Por qué quienes defendieron el voto para elegir jueces lo niegan a los universitarios? El dictamen no responde ninguna. De ahí una molestia generalizada que no es por dinero, plazas ni prestaciones. Es por algo más sencillo: el derecho al voto que fue pospuesto y la autonomía que la propia Constitución garantiza.
La última palabra será de los tribunales. Pero los hechos ya hablan. El 2 de noviembre la Universidad cumplió. El 3, el Congreso la castigó por haber cumplido. Y una ley que llama «participación» a ser escuchado antes de que ocho personas decidan no aplaza la democracia universitaria: la confisca.
@evillanuevamx
