La jueza Claudia Cárdenas Villaseñor ordenó mantener el estado actual del proceso electivo sin afectar las clases ni servicios universitarios. El recurso legal cuestiona la derogación de normas reglamentarias y la presunta inobservancia del Decreto legislativo publicado en noviembre pasado.

El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán concedió una suspensión provisional dentro del incidente derivado del juicio de amparo 1639/2026, promovido por el estudiante Rolando Arredondo Hernández, para frenar la designación y toma de protesta de la persona titular de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) correspondiente al periodo 2027-2031. La determinación judicial fue emitida en Morelia el 18 de noviembre de 2026 por la jueza Claudia Cárdenas Villaseñor, ante la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

     La medida cautelar responde a la impugnación de los acuerdos adoptados por el Consejo Universitario durante su sesión extraordinaria del 13 y 14 de noviembre de 2026, así como de la convocatoria difundida el 14 de noviembre en la Gaceta Nicolaita, al argumentarse una posible inobservancia del régimen transitorio previsto en el Decreto 550[cite: 1, 9, 10]. Con esta resolución, el órgano jurisdiccional busca preservar la materia del juicio constitucional sin detener las labores ordinarias de la institución educativa.

¿Cuáles son los alcances de la suspensión y fechas bloqueadas?
     De acuerdo con el proveído judicial, las autoridades universitarias señaladas como responsables deben mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y abstenerse de ejecutar los actos dirigidos a concretar el nombramiento rectoral. En los términos textuales de la resolución, el juzgado ordenó que las autoridades «abstengan de ejecutar los actos tendentes a la designación y toma de protesta de la persona que habrá de ocupar la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el periodo 2027-2031» cuando deriven de los acuerdos del 13 y 14 de noviembre o de la convocatoria impugnada.

     Como consecuencia directa de esta orden, quedan suspendidas tanto la designación de la persona titular de la Rectoría, programada en el calendario universitario para el 1 de diciembre de 2026, como su toma de protesta, prevista para el 8 de enero de 2027. El acuerdo precisa que la suspensión provisional surtirá efectos hasta que las autoridades responsables reciban la notificación sobre lo que se resuelva respecto de la suspensión definitiva.

     Asimismo, el órgano jurisdiccional delimitó el alcance de la medida para evitar afectaciones al funcionamiento cotidiano de la casa de estudios. El resolutivo establece expresamente que «no se paralicen de las actividades académicas, administrativas ni de los servicios ordinarios que presta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo», aclarando que el fallo tampoco autoriza a las autoridades a dejar de cumplir sus funciones institucionales. Además, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, no se fijó garantía económica a la parte quejosa.

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Actos reclamados y controversia por el Decreto 550
     En su demanda, el promovente señaló como autoridades responsables al Consejo Universitario, a la Rectora, al Secretario General, a la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector y a la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entre los actos reclamados figuran la derogación del artículo transitorio segundo del Reglamento de dicha Comisión Especial, la integración, nombramiento, toma de protesta e instalación de ese órgano colegiado, así como la aprobación y publicación de la convocatoria con su calendario y su Base Décima Cuarta.

     También se impugnaron actos de ejecución calendarizados, como la autorización y envío de padrones, la publicación del padrón en la Facultad de Derecho, la instalación de urna, la revisión de expedientes, la jornada de auscultación fijada para el 25 de noviembre de 2026, el cómputo y la integración y remisión del cuarteto de aspirantes. El documento judicial precisa que el quejoso excluyó expresamente de su reclamo los actos de la Comisión de Rectoría y el oficio 540/2026 emitido por la Rectora.

     Al analizar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, la jueza señaló que la controversia gira en torno a la posible inobservancia del Decreto 550, publicado el 4 de noviembre de 2026, el cual reforma el diverso Decreto 163 y es invocado por el estudiante como marco normativo aplicable al proceso electivo 2027-2031. Según el análisis preliminar, continuar con las etapas hasta la designación y toma de protesta generaría una situación jurídica de difícil reversión en caso de concederse el amparo.

La resolución federal impide ejecutar la designación prevista para diciembre mientras se celebra la audiencia incidental del veintiséis de noviembre. El Consejo Universitario y autoridades administrativas tienen cuarenta y ocho horas para entregar su informe previo ante el juzgado federal.

     Para acreditar su legitimación en esta etapa cautelar, Rolando Arredondo Hernández exhibió su comprobante de inscripción con carga de materias, demostrando ser alumno del noveno semestre de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en el ciclo escolar 2026-2027, con matrícula 1515468B. El juzgado determinó que su pertenencia a la comunidad universitaria le otorga «un interés diferenciado respecto de quienes son ajenos a dicha institución», sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto.

     Tras la firma del acuerdo, el juzgado giró los oficios del 31574 al 31579 para notificar a las autoridades correspondientes y habilitó días y horas inhábiles para agilizar las diligencias[cite: 12]. Las autoridades responsables cuentan con un plazo de 48 horas, contadas a partir de su notificación, para rendir su informe previo. De igual forma, el tribunal fijó las 9:39 horas del 26 de noviembre de 2026 para celebrar la audiencia incidental en la que se resolverá sobre la suspensión definitiva.

     Con esta resolución, el proceso de sucesión rectoral en la Universidad Michoacana entra en una fase de revisión jurisdiccional que mantiene en pausa las etapas decisorias de diciembre y enero. El desenlace inmediato de la medida cautelar dependerá de los informes previos que presenten las autoridades universitarias y de la valoración probatoria que realice el Juzgado Primero de Distrito durante la audiencia incidental del próximo 26 de noviembre.